El Gobierno postergó el aumento del impuesto a los combustibles por la suba del petróleo

Noticias Argentinas difundió que el Gobierno volvió a postergar la actualización del impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) y trasladó los efectos de la suba para mayo, mediante el Decreto 217/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La decisión se tomó en un contexto de creciente presión sobre los precios energéticos por la guerra en Medio Oriente, con el objetivo de evitar un mayor impacto en los surtidores y atenuar el efecto sobre la inflación, que se viene acelerando en los últimos meses.

De esta manera, el Ejecutivo resolvió diferir nuevamente los incrementos remanentes en los montos de los impuestos sobre los combustibles y al dióxido de carbono, correspondientes a las actualizaciones de los años calendario 2024 y 2025, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

Según se indicó en el decreto, la medida busca continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible y, en ese marco, se consideró necesario volver a postergar los incrementos pendientes vinculados a dichas actualizaciones.

El Gobierno viene aplicando ajustes parciales en estos tributos. Desde septiembre del año pasado, dispuso que las subas se calculen en base a la inflación y se actualicen de manera trimestral.

Además, estableció un monto fijo diferencial para el gasoil destinado al consumo en las provincias patagónicas, el partido de Patagones (Buenos Aires) y el departamento de Malargüe (Mendoza).

La nueva fecha prevista para aplicar los incrementos diferidos es mayo, a la espera de una moderación en el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel y de una baja en el precio del petróleo, que se mantiene en torno a los 100 dólares.

Desde mediados de 2024, la administración de Javier Milei desdobló o postergó en varias oportunidades la actualización de estos impuestos, con el objetivo de evitar un impacto significativo en los precios al consumidor y, en consecuencia, en la inflación.

Las postergaciones aplicadas durante 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales estimada en 2.326 millones de dólares, según cálculos de la consultora Economía y Energía.